miércoles, 2 de mayo de 2012

Las nuevas reformas del Gobierno de Mariano Rajoy en materia sanitaria y educativa supondrán un ahorro a las arcas públicas de 10.000 millones de euros


Publicado el 27 Abril 2012

La senadora María José Martín niega que los mayores de 26 años queden excluidos del sistema sanitario ya que la Reforma Sanitaria ha permitido garantizar que la asistencia sanitaria pública sea gratuita para todos los españoles, así como para los extranjeros con residencia legal en España.

En materia educativa, la senadora popular ha subrayado que el montante global de las becas no se ha rebajado y que el nuevo sistema “primará los criterios de capacidad y esfuerzo para acceder a las mismas”.
“La decisión de utilizar las medidas de racionalización del gasto educativo corresponde a cada comunidad autónoma”.
27. Abril. 2012.- El PP ha explicado las medidas que el gobierno de Mariano Rajoy está llevando a cabo en materia sanitaria y educativa con el objetivo de mantener y mejorar los servicios públicos.
La senadora del PP, María José Martín, ha señalado que debido al importante déficit heredado del gobierno del PSOE se han presentado los presupuestos más austeros de la historia y cuya premisa principal será racionalizar el gasto público, gastando de manera más eficiente, es decir, hacer más con menos recursos.
En el área sanitaria, la senadora popular ha recordado que el déficit alcanza 16.000 millones de euros debido a la ausencia de una adecuada gestión en dicha materia. Así mismo María José Martín ha recordado que “la reforma pretende que en estos momentos complicados se elimine todo el gasto superfluo y los abusos, como pueden ser el turismo sanitario, cuyo coste anual es de 1.000 millones de euros. La sanidad seguirá siendo universal, gratuita, pública y de calidad y por ello desde el PP denunciamos la manipulación de los dirigentes del PSOE sobre la falsa implantación del copago ante los medios de comunicación”, espetó Martín.
Martín ha recordado que, en relación con el gasto farmacéutico, el nuevo sistema será más justo porque los pensionistas no obligados a realizar la declaración de la renta, que son nueve de cada diez, pagarán un máximo de 8€ mensuales mientras que los que sí están obligados a realizarla pagarán un máximo de 18€ al mes, mientras los parados sin ninguna prestación y los titulares de pensiones no contributivas estarán exentos de pago. En cambio, quienes ingresen más de 100.000 euros se harán cargo del 60% del gasto –con un límite de 60 euros para los pensionistas- “de manera que con el nuevo sistema se pide un esfuerzo mayor a quienes más recursos tienen”.
Esta medida, que ya existía, se complementa con el uso de medicamentos genéricos, adecuando los envases a la duración de los tratamientos, y estableciendo precios de referencia para abaratar las medicina lo que supondrá un ahorro de 3550 millones de euros.
Desde el PP se apuesta por eliminar todo tipo de despilfarro y primar la austeridad “ya que es inconcebible que en el pasado ejercicio se desecharan 3.700 toneladas de medicamentos inservibles”. María José Martín ha reseñado que otras medidas destinadas a la racionalización del gasto será el establecimiento de “una central de compra de medicamentos y tecnología que supondrá un ahorro de 1.500 millones de euros”. Además, la senadora a apuntado se va a establecer una cartera básica común de asistencia sanitaria para prevención, diagnostico, tratamiento y rehabilitación que junto con el transporte sanitario urgente seguirá siendo gratuitos.
Martín ha aprovechado su comparecencia para criticar las declaraciones en las que el diputado del PSOE por Granada, José Martínez Olmos, afirmaba con la nueva reforma sanitaria “podrían morir ciudadanos”. “Son unas declaraciones irresponsables, demagógicas y de poca talla política, cuando el único objetivo del Gobierno de Mariano Rajoy es mantener y mejorar la sanidad para así poder salir de la profunda crisis en la que estamos inmersos debido a la pésima gestión del PSOE”.
Igualmente la senadora popular ha desmentido que ningún español mayor de 26 años, que no cotice, vaya a quedar excluido del sistema sanitario. “El modelo sigue siendo el mismo que era antes, sólo que los mayores de 26 años contará con una tarjeta sanitaria personal; pero nadie va a quedar excluido del sistema”, ha confirmado.

Educación

María José Martín también se ha referido a las reformas en el sistema educativo recogidas en el Real Decreto de Racionalización del Gasto Público Educativo y en especial al sistema de becas. En ese sentido ha destacado que en los PGE aprobados por el congreso, la cuantía dedicada a las becas “es exactamente igual que el recogido en la legislatura anterior: es decir 547 millones de euros para plazas universitarias y 405 para plazas no universitarias”. La senadora ha destacado que los umbrales de renta para acceder a una beca no se van a modificar. Por tanto, quien antes no pagaba tasas por disfrutar de una beca ahora tampoco va a pagar. Lo que es lógico es premiar el esfuerzo y el rendimiento académico.
Martín ha señalado que entre las medidas que recoge el Real Decreto se encuentra también el permitir, en determinadas circunstancias temporales, el aumentar en un 10% adicional el número máximo de alumnos por clase previsto en la LOE que ya preveía una subida dle 10%, indicando que actualemente es 25 en Primaria y 30 en Secundaria. Martín ha destacado que España es uno de los países de la OCDE con la ratio alumnos/profesor más bajo. Por otro lado, Martín ha negado que el incremento de las horas lectivas del personal docente, “vaya a suponer el despido de ningún docente, aunque sí pueda implicar la no renovación, lo que, en todo caso, implicará el ahorro de varios miles de millones de euros para el sistema”
Finalmente, la senadora popular ha recordado que las medidas adoptadas en materia educativa tienen carácter dispositivo y que “será cada Comunidad Autónoma, dependiendo de su situación económica y financiera, la que de aceptar o no las reformas planteadas por el Gobierno, como son el incremento de alumnos por aula o el aumento de las tasas universitarias”.
“El Gobierno da un instrumento a las Comunidades Autónomas para hacer posible la racionalización del gasto educativo; la decisión de cada Comunidad Autónoma, y desde luego de Andalucía, de utilizar esos instrumentos es responsabilidad de cada una de ellas”, ha concluido la senadora.